Mediacció | La ordenanza de civismo como instrumento de regulación efectiva de conflictos
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La ordenanza de civismo como instrumento de regulación efectiva de conflictos

La ordenanza de civismo como instrumento de regulación efectiva de conflictos

Las ordenanzas de civismo son disposiciones normativas con las que cuentan los municipios y permiten regular aspectos convivenciales que son de gestión inviable desde organismos de carácter supramunicipal. Los objetivos de estas ordenanzas van dirigidos a áreas como la preservación de la convivencia pacífica y la protección del espacio público.

El contenido de estos objetivos visualiza la importancia de una ordenanza elaborada con rigor y ajustada a las diversas realidades del municipio: de otra manera sus habitantes podrían quedar desamparados ante la lejanía de instituciones supramunicipales y la carencia de respuesta adecuada por parte de sus ayuntamientos. Se generaría un caldo de cultivo en el que aumentan problemáticas sociales ya existentes que no encuentran un canal de regulación, o bien se generan nuevas problemáticas. Una vez se produce este escenario, los abordajes son más costosos debido a la dificultad de trazar el origen de las problemáticas ante la complejidad de los procesos sociales.

Estos riesgos se hicieron más patentes, si fuera posible, a partir de la crisis del 2008, con una retirada de inversión estatal y autonómica que dejó a los municipios sin capacidad de ofrecer respuesta a muchas de las problemáticas de sus habitantes. A diferencia de otros organismos, los ayuntamientos no contaron con la opción de bajar la persiana y derivar a otros servicios: las problemáticas tenían lugar en su territorio y las personas afectadas son sus propios vecinos. Cuando más necesarios fueron los recursos es cuánta menos disponibilidad se sufría. Y el nuevo escenario post-COVID19 agudiza todavía más la situación. Estos contextos a los que se hace referencia y que vivimos en primera persona, son prolíficos para la creatividad y la innovación social.

En muchas ocasiones, se asocia la innovación con el objetivo de disponer de un producto nuevo, no existente hasta entonces, que daría respuesta -en totalidad o en parte- a la problemática abordada. La realidad, en cambio, demuestra más eficacia de aquellas innovaciones que se centran en el propio proceso. En este sentido, las ordenanzas cívicas son instrumentos muy conocidos por la administración; la innovación recae en su elaboración a partir del pensamiento creativo y crítico, el cual posibilita un futuro contexto de buenas prácticas. Y lejos de tratarse de prácticas abstractas, se orientan a la resolución y canalización de problemas sociales en base al capital social-relacional. Las mejoras se trasladan directamente al bienestar y la cohesión social. Sin el componente propio de la innovación, fracasaríamos al intentar dar respuesta a las nuevas realidades sociales mediante instrumentos propios de paradigmas ya caducados.

Una de las críticas a las que podemos someter cualquier innovación social es la dificultad para contar con indicadores que permitan medir su impacto: poder conocer si nuestras acciones consiguen cambios en áreas difíciles de medir, como el bienestar social o la calidad de vida. Conscientes de la necesidad de contar con evidencias, tanto desde un punto de vista práctico como ético, construimos y aplicamos la herramienta “Barómetro convivencial”, que permite una evaluación del nivel de convivencia en el municipio, junto con sistemas de monitorización para articular su seguimiento. El barómetro realiza mediciones de esta convivencia a partir de variables clave y facilita tanto la elaboración de diagnósticos como una evaluación mediante pre-test y post-test.

Figura 1. Barómetro convivencial.

A pesar de las consideraciones previas hasta aquí detalladas, todavía existe una carencia para desengranar uno de los elementos más importantes: los saberes. Entre los errores habituales en la gestión de cualquier temática de carácter social, destaca una sobre-representación del saber científico-técnico que margina, o directamente anula, el resto de saberes. En estas situaciones, los productos resultantes y las respuestas que se dan a las problemáticas difieren de las necesidades y anhelos de la ciudadanía: no abordan su manera de sentir, pensar, relacionarse y, en definitiva, vivir. Por este motivo, la participación de los habitantes del municipio en el proceso de diagnóstico y elaboración de una ordenanza de civismo es requisito indispensable para su efectividad, más allá de los exiguos mandatos legislativos que limitan esta participación a momentos concretos.

No se puede dar una respuesta eficaz a la ciudadanía si esta no participa en la propia solución. Las personas son las que viven en su cotidianidad y son las que sufren de las problemáticas sociales: son la fuente de conocimiento principal para aportar soluciones. Construir herramientas como una ordenanza sin estos saberes supondría construir un edificio descuidando sus cimientos. En ambos casos, un derrumbe puede suponer elevados costes para la vida de las personas. Por otro lado, también hay que ser realistas y prever las dificultades propias del contexto. Como sociedad, todavía estamos muy lejos de percibir la participación social como un derecho, o incluso un deber. Existen toda una serie de variables que inhiben de la participación a las personas, siendo posible elaborar arquetipos a partir de sus características y visualizar los riesgos de pretender homogeneizar las necesidades de la ciudadanía cuando, sin duda, son diversas.

Por eso, se propone esta cimentación a partir de un diagnóstico previo basado en el rigor propio de la investigación, recogiendo y facilitando la voz de aquellos quienes, al fin y al cabo, son los destinatarios de nuestro trabajo. Una tarea investigadora previa permite el rigor necesario para elaborar instrumentos adecuados para cada comunidad y momento, huyendo de la dispensación de receta única cuando tanto la sintomatología como los pacientes son tan variados como casos existen.

Pero esta participación que sitúa al ciudadano en el centro durante las etapas del diseño tendría que darse, del mismo modo, en el producto final y en su ejecución. Es así como una ordenanza de civismo puede convertirse en un elemento promotor de buenas prácticas. Todos los actores se articulan a su alrededor cuando esta permite canalizar los conflictos, preverlos y generar nuevos abordajes para estos, dado que la participación y la representación posibilitan lograr el objetivo común de preservar la convivencia.

Para esta finalidad, es imprescindible tomar conciencia de que no puede existir una sociedad sin conflicto; es un componente intrínseco. Antiguas respuestas basadas en regulaciones normativas que pretenden alcanzar y sancionar hasta el más mínimo detalle de nuestro día a día, se han mostrado ineficaces. El recurso de la mano dura, en muchas ocasiones dotado de falsa cientificidad bajo el concepto de tolerancia cero, eliminó la posibilidad de abordar el origen de los conflictos y únicamente agravió la situación. La historia nos ofrece continuamente ejemplos del fracaso de estas aproximaciones al conflicto: sociedades totalitarias, políticas neoliberales nacidas en el contexto anglosajón durante los años ochenta, aumento de la delincuencia y más sensación de inseguridad… Un agente de policía en cada esquina no te hará sentir más seguro, sino que conseguirá todo lo contrario.

El abordaje más extendido de las problemáticas y conflictos sociales se basa en la pseudo-regulación. En apariencia regula y canaliza los elementos que entran en competencia, contradicción o conflicto, pero en el fondo continúa recurriendo a la imposición de una solución que, si bien puede servir de parche de forma inmediata, facilita que los conflictos queden enquistados. Sirven a modo de ejemplo muchas de nuestras disposiciones normativas; establecen qué respuesta dar en el caso de conductas que no deseamos, pero no ofrecen soluciones para que no se vuelvan a producir por parte de las mismas personas u otras. Destaca la cantidad de recursos que se tienen que movilizar continuamente con este tipo de acciones, en las que parcheamos el barco pero no intentamos arreglar los defectos estructurales del casco.

El último abordaje posible de estos conflictos sería la regulación efectiva. Esta parte de la necesaria implicación de todos los actores y, por lo tanto, tiene que prever canales que promuevan y faciliten su participación. Entre los recursos de esta regulación efectiva destacan la mediación, la pedagogía, la escucha, la integración social, la cohesión… Se tratan de recursos que permiten construir comunidades sin dejar a nadie fuera.

Figura 2. Actitudes ante el conflicto.

Sin duda, resulta complicado desde las competencias municipales poder modificar las causas estructurales que se visualizan en problemáticas y conflictos sociales. En muchos casos, claramente imposible. Pero aceptar que estos conflictos existen, que se transforman del mismo modo que lo hacen nuestras sociedades, que no es posible una sociedad sin conflicto y, por lo tanto, nunca conseguiremos eliminarlo, nos ayuda a dotarnos de los mejores instrumentos -preventivos y reactivos- para minimizar sus efectos en la convivencia ciudadana.

Más allá de esta imagen negativa respecto a los conflictos, y aceptando que siempre estarán presentes, hay que plantearse la manera en la que los entendemos. Si bien los conflictos los interpretamos como algo que estorba, que nos altera, asumir su existencia permanente e imposibilidad de eliminar es un primer paso para transformarlos en herramientas de cambio. No existe sociedad ni comunidad sin conflicto, pero la manera de gestionarlo puede promover el cambio social. Cada conflicto que emerge visualiza un problema de origen y, por lo tanto, una nueva oportunidad para abordarlo y construir comunidades en las que todas las personas encuentren puntos de armonía y cohesión. El conflicto es el motor del cambio: está en nuestras manos decidir hacia dónde dirigirlo.

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