Sin evidencia, no hay cambio.

31 Ene Sin evidencia, no hay cambio.

En ámbitos vinculados con la justicia social, el bienestar de la ciudadanía y la calidad de vida intervienen variedad de servicios y profesionales que, a pesar de tener diferentes mandatos, comparten una misma meta: vivir en comunidades más justas, inclusivas y solidarias.

Las problemáticas sociales que abordamos nos enfrentan a escenarios de complejidad, agravados por situaciones de urgencia y de emergencia, y a nuevos retos propios de crisis económicas y sanitarias. Si bien se popularizó el concepto de “nueva normalidad” a raíz de la pandemia del COVID-19, su surgimiento responde más a una aceptación y toma de conciencia respecto a la incertidumbre en las sociedades post-modernas que no a una verdadera novedad.

• La evidencia como requisito

La práctica basada en la evidencia tiene su origen en el campo de la medicina, considerando la importancia de la toma de decisiones y su impacto en las personas. En este caso, tratándose de decisiones que pueden suponer la vida o la muerte de pacientes. Sin esta evidencia las intervenciones no dan respuesta a las necesidades de las personas, y el único beneficio obtenido son los puestos de trabajo generados para los profesionales médicos, independientemente de los esfuerzos y de las buenas intenciones.

El rigor necesario en el ámbito de la medicina es extrapolable a cualquier otro, especialmente cuando se dan repercusiones sobre la ciudadanía, y es cada vez más notorio en los escenarios de complejidad e incertidumbre de los tiempos en que vivimos. Las administraciones y los servicios que se basan en la evidencia son conocedores de la realidad social a la que quieren dar respuesta, y conocen de forma concreta, sin ambigüedades, qué es aquello que realizan correctamente y en qué deben mejorar; con tal nivel de concreción que la respuesta al “cómo mejorar” es operativa, directamente abordable y alejada de discusiones infértiles.

• Beneficios de la evidencia

Los beneficios que derivan de unas políticas y servicios basados en la evidencia son diversos, abordando aquí apenas los más destacados.

En primer lugar, destaca una mayor eficiencia, así como una mayor eficacia. Identificar aquellos aspectos superfluos en los que se está invirtiendo y que no ayudan a conseguir los objetivos propuestos, posibilita focalizar los recursos económicos y humanos en su consecución. Del mismo modo, esto facilita la solicitud y justificación de nuevas inversiones al poder demostrar, empíricamente, lo que podría realizarse con estos. Lo que abre a su vez un marco de mejora real de las políticas y servicios que, de otro modo, no serían más que suposiciones y elucubraciones.

Por otra parte, cabe destacar que esta posibilidad reafirma los valores inherentes a la justicia social y al bienestar de la ciudadanía, propios de administraciones de carácter social y democrático, puesto que la medición de resultados objetivos permite diluir criterios que responden únicamente a aspectos gerenciales: podemos contrastar con indicadores de misma validez objetiva los aspectos sociales con los económicos.

Contar con los diferentes indicadores que nos llevan a la evidencia, facilita una mayor transparencia de la administración; puesto que nos aleja de malas praxis comunicativas basadas en la retórica persuasiva y permite rendir cuentas ante la ciudanía, mostrando datos claros y objetivos.

En cuanto a los aspectos más relacionados con la ejecución e intervención diaria, este contexto supone una minimización de riesgos que ofrece seguridad a los diferentes actores implicados. Son muchos los elementos de algunas intervenciones que, al ser multifactoriales, dificultan su seguimiento y control. Esto se da especialmente en el ámbito de la intervención social, en los que el trabajo con personas, familias y comunidades implica procesos sociales difícilmente identificables y medibles in situ. Estos actores de primera línea, que trabajan directamente con la complejidad y la incertidumbre, cuentan así con indicadores que sirven de guía para las intervenciones; porque una buena intervención no siempre implica un buen resultado. Por otra parte les permite poner en valor el trabajo que, antes las situaciones de crisis, urgencia y emergencia, no siempre recibe el reconocimiento que merece.

• Implementación del paradigma de la evidencia

Las administraciones y servicios cuentan con una posición privilegiada en cuanto a conocedores de la realidad social. La intervención sistemática en las problemáticas sociales les permite disponer de la materia prima para aplicar este paradigma: los datos. El conocimiento que aportan los datos permite responder a dos preguntas indispensables:

– ¿Qué se está realizando actualmente? Una pregunta diagnóstica que informa sobre el punto de partida o situación inicial.

– ¿Qué se quiere conseguir? Las respuestas deberán darse siempre en el contexto del diagnóstico previo, para poder definir unos objetivos acordes a lo que es deseable, lo que es necesario y lo que es abarcable.

La definición de objetivos operativos, vinculados a resultados clave, permite iniciar el trabajo de identificación de los indicadores necesarios. Estos posibilitan relacionar la labor derivada de las políticas sociales y ejecutada desde los servicios con los resultados obtenidos por cada indicador. En algunos casos, se tratarán de indicadores que muestran si vamos en buena dirección, y en otros informarán de la consecución de hitos que evidencian el cumplimiento de los objetivos planteados.

Será el seguimiento de estos indicadores lo que nos ofrecerá las evidencias para poder constatar si se están produciendo los cambios a los que aspiramos y, por tanto, si estamos dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía. De otro modo, solo estaríamos en situación de poder demostrar buena voluntad, pero en ningún caso de evaluar el trabajo realizado para su puesta en valor y posible mejora.

Porque sin evidencia, no hay cambio.